Si la coherencia fuera un valor que tuviera como objetivo el beneficio de los ciudadanos, la LOE no debiera ser campo de batalla de la pura y simple refriega política. Si las personas que tanto critican el texto se lo hubieran leído y se hubieran leído también la LOCE –a la que tanto alababan-, se darían cuenta que una y otra no son el haz y el envés, sino que la LOE supone una adaptación más cercana a la realidad, una superación del mercantilismo educativo y una propuesta de equidad. Actuar en un ámbito tan importante y complejo como la educación requiere un elevado grado de consenso entre la comunidad social y los profesionales de la educación.
La estrategia discursiva de la derecha y de ciertos sectores recalcitrantes o interesados vincula la calidad a la ley. El problema de la calidad no se resuelve en un articulado jurídico, sino con el compromiso de los profesionales con su práctica educativa adaptada a los alumnos que esta sociedad produce con su diversidad de circunstancias, motivaciones e intereses. La calidad está en la familia, que no debe hacer dejación de su propia responsabilidad en relación con la exigencia, el trabajo y el esfuerzo que tienen que llevar a cabo sus hijos, pues los avances en el estudio no se producen por inspiración divina, sino con el afán por aprender.
Se vierten falsedades sobre la LOE y es preciso subrayar que esta ley pretende asegurar a los padres la libre elección de centro, mientras que algunos de sus críticos buscan que sean los centros los que elijan y segreguen a los alumnos. La LOE es garantía de igualdad y de libertad y tiene como objetivos: ofrecer una educación de calidad para todos, combatir el fracaso escolar, aumentar las oportunidades educativas, garantizar las libertades y derechos constitucionales, propiciar el esfuerzo individual y colectivo y vertebrar el sistema educativo mediante mecanismos de cooperación.
La LOE garantiza el derecho de los padres a la elección de centro, sin más limitación que las plazas disponibles en cada uno de ellos, garantiza el mantenimiento de los conciertos educativos y el derecho a la enseñanza de la religión tanto en la escuela pública como en la privada, y ello significa libertad tanto para los padres que quieren que sus hijos estudien religión como para los que no la quieren.
Artículo publicado en la Revista AQUÍ. Toledo. Castilla-La Mancha
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